Para fortalecer la accesibilidad mediante la incorporación de obligaciones específicas para la revisión periódica, conservación y mantenimiento de rampas, accesos adaptados y demás infraestructura destinada a facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en los inmuebles públicos del Estado y los municipios, la diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios.

Consideró la legisladora que es una medida para avanzar hacia una sociedad más incluyente, que sirva para eliminar barreras que generan discriminación indirecta, garantizando condiciones de autonomía e independencia para las personas con discapacidad, contribuyendo al cumplimiento de los principios de igualdad sustantiva, inclusión y respeto a la dignidad humana.

Afirmó que la accesibilidad es un principio y un derecho fundamental que permite que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, cognitivas o técnicas, puedan acceder y utilizar entornos, servicios y tecnologías de manera segura y autónoma; este principio es parte del respeto y garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad constituyendo una obligación fundamental de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, para garantizar en todo momento la accesibilidad para las personas.

La accesibilidad es fundamental para conseguir las condiciones suficientes que permitan a las personas ejercer sus derechos y participar plenamente en la vida social, económica, política, cultural y comunitaria en igualdad de condiciones. Ya que no se limita únicamente a la eliminación de barreras físicas, sino que comprende un conjunto de medidas orientadas a garantizar el acceso seguro, autónomo y digno a bienes, servicios, instalaciones y espacios públicos.

Dentro de las distintas dimensiones de la accesibilidad, se localiza la accesibilidad física, siendo uno de los elementos más importantes para la inclusión efectiva de las personas con discapacidad. Radicando en la existencia de rampas, accesos adaptados y demás infraestructura accesible indispensable para el libre tránsito y la movilidad de miles de personas que diariamente requieren desplazarse para ejercer derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, la participación ciudadana, el acceso a la justicia o simplemente convivir en sociedad.

No obstante, expuso la legisladora Brisseire Sánchez, se llega a presentar que en diversos espacios públicos las rampas y demás elementos de accesibilidad presentan deterioro, obstrucciones, pendientes inadecuadas o falta de mantenimiento, circunstancias que limitan su funcionalidad y generan obstáculos para las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las mujeres embarazadas y cualquier persona con movilidad reducida.

La sola construcción de infraestructura accesible no garantiza por sí misma el ejercicio pleno de los derechos. Resulta indispensable establecer mecanismos permanentes de supervisión, evaluación y mantenimiento que permitan verificar que dichos elementos continúen siendo funcionales, seguros y adecuados para el propósito para el cual fueron diseñados.

La iniciativa añade que es necesaria la coordinación con dependencias de la administración pública estatal y de municipios, para que a través de las autoridades de protección civil, se realicen inspecciones periódicas de accesibilidad física, procurando condiciones seguras y adecuadas de funcionamiento de rampas y accesos, y éstas se encuentren libres de obstáculos.

Establecer convenios con empresas que cuenten dentro de sus instalaciones con lugares exclusivos de estacionamiento y rampas destinadas a personas con discapacidad, para que estas estén en condiciones seguras y óptimas de uso, así como retirar los vehículos y objetos que las obstruyan, así como sancionar a sus propietarios.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis.