Con el objetivo de brindar mayor claridad en el apartado de violencia digital, la diputada Dolores Robles Chairez propuso una modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora señaló que el objetivo es establecer en la legislación de manera estructurada este tipo de violencia, sirviendo como base para los programas de prevención, atención y erradicación a cargo de las autoridades ejecutivas estatales y municipales.

Explicó que en primer párrafo, se mantiene y clarifica la definición central de la violencia digital, se precisan las conductas rectoras como acoso, hostigamiento, amenazas, difusión o comercialización de contenido sexual sin consentimiento, entre otras; y, se establece el catálogo de derechos humanos tutelados que resultan vulnerados, tales como la integridad, dignidad, intimidad, libertad y la vida privada de las mujeres.

Se propone adicionar la definición de tecnologías de la información y comunicación, entendida como aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos.

Finalmente, en un tercer párrafo, se introduce la premisa explícita de que esta conducta será sancionada, en los términos previstos en la legislación penal y civil correspondiente.

En su exposición de motivos, la legisladora indica que la violencia digital contra las mujeres y las niñas constituye una de las manifestaciones más alarmantes y lesivas de la discriminación estructural en la era contemporánea.

Agrega que en ese orden de ideas, el andamiaje jurídico de protección a la mujer debe guardar una armonía conceptual correcta, no basta con castigar el delito en el Código Penal; es estrictamente necesario que la norma rectora de la política pública del Estado, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, refleje de manera estructurada este tipo de violencia, sirviendo como base para los programas de prevención, atención y erradicación a cargo de las autoridades ejecutivas estatales y municipales.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género.